Recaudación histórica refleja la confianza ciudadana y el manejo transparente de recursos: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la recaudación nacional alcanzó los 4.6 billones de pesos de enero a septiembre de 2025, cifra récord que representa 542 mil millones de pesos más que en 2024, lo que refleja la confianza de la ciudadanía en el uso transparente de los recursos públicos. Durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, subrayó que este logro se alcanzó sin aumentar impuestos y con un cumplimiento del 99.9 por ciento de las y los contribuyentes.

Sheinbaum recordó que en 2019 la recaudación era de tres billones de pesos, por lo que el incremento a 4.6 billones demuestra un crecimiento sostenido y real. “Esto muestra no solamente confianza en el manejo honesto del gobierno, sino también el compromiso de las mexicanas y los mexicanos con el país”, expresó. Además, reconoció el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La mandataria precisó que el aumento de ingresos no se debe a nuevos impuestos, sino a la eficiencia en la administración y a la actualización de contribuciones. “Son poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200 mil provienen de aduanas”, explicó, resaltando que el cumplimiento fiscal también ha sido elevado entre empresarias y empresarios.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que para 2026 se estiman ingresos de 6.4 billones de pesos, un incremento de casi 500 mil millones respecto al año anterior, destinados a programas sociales, infraestructura, educación, salud y vivienda. Añadió que el aumento de la recaudación tributaria se logró sin crear nuevos impuestos ni modificar las leyes del ISR o del IVA.

Por su parte, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, atribuyó el incremento a una recaudación más eficiente y a las medidas contra la evasión fiscal. Sobre la reforma para combatir las factureras, explicó que se busca prohibir la creación de nuevas empresas relacionadas con este delito, acortar los procedimientos a 24 días y establecer sanciones más severas para quienes vendan o compren facturas falsas, garantizando al mismo tiempo el derecho de audiencia de los contribuyentes.