Presidente denuncia ecocidio provocado por Vulcan Materials en Playa del Carmen

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno de México continuará con la clausura de más de 2,400 hectáreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, que fueron concesionadas a SAC-TUN, una filial de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company. La clausura, ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), responde a la sobreexplotación de bancos de piedra triturada, arena y grava para exportar a Estados Unidos.

El mandatario mostró un video que evidenciaba la destrucción ecológica causada por Vulcan Materials durante los últimos 35 años. La extracción de materiales ha provocado la pérdida irrecuperable del subsuelo y ha alterado la presión del acuífero, amenazando la calidad del agua subterránea y causando riesgos de hundimientos y fracturas del suelo. La remoción de materiales también ha afectado ríos subterráneos y manglares, cruciales para diversas especies.

López Obrador hizo un llamado al pueblo de Estados Unidos para que tomen conciencia de estos hechos y apoyen la causa. Subrayó que su gobierno no permitirá la devastación del territorio mexicano a cambio de inversiones extranjeras y reafirmó su compromiso de proteger el medio ambiente.

La PROFEPA colocó sellos de clausura en mayo de 2022 por impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, medida que sigue vigente. A pesar de intentos de diálogo con Vulcan Materials, incluyendo una oferta de compra de los terrenos afectados para convertirlos en un proyecto ecoturístico, la empresa rechazó las negociaciones.

La controversia de Vulcan Materials tiene raíces profundas. En 1986, en asociación con Calizas Industriales del Carmen (Calica), la empresa obtuvo permisos para la explotación de roca caliza en mil 200 hectáreas. En 2001, Vulcan adquirió la totalidad de las acciones de Calica y continuó las operaciones bajo el nombre de SAC-TUN.

Durante los años 2017 y 2018, inspecciones de la PROFEPA revelaron que Calica había excedido los límites autorizados de explotación, lo que resultó en una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, la empresa presentó un juicio de amparo y una demanda de arbitraje en 2019, acusando a México de afectar sus inversiones y exigiendo una compensación de más de 1,500 millones de dólares.

El presidente López Obrador aseguró que su administración seguirá firme en su postura de no permitir la destrucción del territorio nacional y que se publicará la carta enviada a Vulcan Materials en julio de 2023, junto con la propuesta formal de compra de las hectáreas afectadas.